PPK vs. Migraciones: PJ admite habeas corpus para anular alerta migratoria que le impidió viajar a Estados Unidos

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de habeas corpus del expresidente Pedro Pablo Kuczynski contra la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuyo objetivo es anular la alerta migratoria que le impidió viajar a Estados Unidos el último sábado 7 de junio. Ello fue calificado por la defensa del exmandatario como un “secuestro administrativo”.

En la resolución a la que accedió Infobae, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima dispuso notificar a Migraciones y al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El magistrado consideró que no era necesario convocar a audiencia.

En su demanda, PPK argumenta que, para el día que intentó viajar, todas las restricciones judiciales previas en su contra habían caducado o habían sido revocadas. Además, enfatiza que “no existe sentencia alguna en mi contra, ni juicio oral en curso en ninguno de los casos que se me siguen”, lo que, según él, mantiene intacta su presunción de inocencia.

Kuczynski también afirma que ni él ni sus abogados tenían conocimiento de alguna alerta migratoria, ya que “no habíamos sido notificados con alguna resolución judicial o de cualquier otra naturaleza, que así lo determine”. Esta omisión, según el exmandatario, hizo “materialmente imposible” prever la restricción al llegar al aeropuerto.

El expresidente también cuestiona que Migraciones le haya dicho que era responsabilidad de él que se levanten las alertas migratorias vigentes. Argumenta que, según las normas vigentes, es la misma entidad que solicitó la alerta migratoria quien está obligada luego a levantarla. Esta respuesta, según la demanda, constituye una “flagrante” mala aplicación de la ley, vulnerando sus derechos fundamentales.

Finalmente, Kuczynski califica la alerta migratoria como un acto administrativo que limita su libertad de tránsito, lo que considera “claramente inconstitucional”. En su petición, solicita al juez que resguarde sus derechos fundamentales y “proscriba el arbitrario e ilegal abuso de poder del que soy víctima”.

No obstante, cabe precisar que, aunque se levante la referida alerta migratoria, sobre el expresidente PPK pesa un nuevo impedimento de salida del país. Esta medida se le dictó el domingo 8 de junio luego de que intentara abandonar el país.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una nueva restricción judicial tras el intento fallido de viajar a Estados Unidos el pasado 7 de junio. La jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó un impedimento de salida del país por 18 meses, considerando que Kuczynski podría intentar eludir la justicia en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos vinculado a la campaña electoral de Peruanos por el Kambio en 2016. La decisión responde a la preocupación de que su salida del país podría comprometer el desarrollo del proceso penal.

La magistrada fundamentó su resolución en sólidos indicios que vinculan a Kuczynski con los actos de lavado de activos, respaldados por “declaraciones de colaboradores eficaces, testigos y documentos”. Además, destacó la gravedad del delito, que conlleva una pena mínima de 8 años de prisión, superando ampliamente el umbral de 3 años necesario para justificar la medida. La jueza señaló que “existe un peligro latente” de que Kuczynski intente evadir la justicia, especialmente tras su reciente intento de viajar al extranjero, frustrado por una alerta migratoria activa en los registros de Migraciones.

El fallo también considera el incumplimiento parcial de Kuczynski con las reglas de conducta previas, como el control biométrico y la obligación de reportar sus actividades mensualmente. Aunque la defensa, liderada por el abogado Julio Midolo, afirmó que estas obligaciones se cumplieron mediante reportes telefónicos, la jueza señaló que “no se ha acreditado ello con algún documento”. Este incumplimiento, sumado a la negativa de Kuczynski de entregar voluntariamente ciertos documentos, refuerza la percepción de un riesgo de obstrucción en la investigación, según la resolución judicial.

La jueza Salcedo rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer un impedimento de salida por 36 meses, considerando que este plazo era excesivo. En cambio, optó por 18 meses, un período que, según la magistrada, permitirá avanzar en la investigación y pasar a la etapa de acusación y juicio oral. La decisión también tomó en cuenta la capacidad económica de Kuczynski, quien percibe ingresos como expresidente, lo que le otorga “facilidad” para abandonar el país. La jueza subrayó que “resulta probable” que el exmandatario busque evitar las diligencias judiciales si se le permite viajar libremente.

A pesar de la medida, la jueza reconoció la edad avanzada de PPK, de 86 años, y exhortó al Ministerio Público a acelerar la investigación, que lleva casi una década sin llegar a una acusación formal. Este llamado fue respaldado por la defensa, que advirtió sobre la prolongación de las restricciones por siete años. La Fiscalía, por su parte, deberá informar periódicamente sobre los avances del caso, mientras Kuczynski permanecerá en Perú hasta diciembre de 2026.