El ministro de Justicia de Perú, Juan Alcántara, anunció recientemente que el Gobierno evalúa ofrecer asistencia legal gratuita a los condenados por el delito de omisión a la asistencia familiar. Esta posible medida es parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar la sobrepoblación en las cárceles del país, que ha sido una preocupación creciente para las autoridades y organismos de derechos humanos en los últimos años.
En declaraciones a la prensa, Alcántara explicó que la estrategia busca colaborar estrechamente con la Defensa Pública para impulsar una campaña para reducir la población penitenciaria. La preocupación central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) radica en que el encarcelamiento de individuos por no poder cumplir con el pago de pensiones alimenticias crea un ciclo sin salida.
El titular del Minjus destacó que muchas de las personas encarceladas por omisión de asistencia familiar no pueden cumplir con dicha responsabilidad al estar encerrado. “Tenemos a cinco mil personas internados en el penal por el delito de omisión de asistencia familiar. Eso es un círculo vicioso porque una persona que debe para pagar una pensión alimenticia y sin embargo ingresa al penal, es imposible que lo pague”, expresó.
Apoyo legal a internos
La nueva estrategia para abordar esta problemática desde un enfoque de responsabilidad parental. El titular del sector destacó la importancia de garantizar el principio del interés superior del niño, incluso cuando los progenitores se encuentran privados de libertad. Según Alcántara, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no debe cesar debido a una condena penal.
En ese marco, el MINJUSDH pondrá en marcha una campaña de asistencia legal gratuita a través de la Defensa Pública, dirigida a internos sentenciados por delitos leves, entre ellos la omisión a la asistencia familiar. La iniciativa busca facilitar el acceso a beneficios penitenciarios conforme a ley, con el objetivo de que los reclusos retomen sus responsabilidades alimentarias y se garantice el bienestar de sus hijos.
Tres años de cárcel por incumplir pensión alimenticia
El incumplimiento de la pensión de alimentos puede acarrear serias consecuencias legales, conforme a lo establecido en la normativa peruana. Según el artículo 149 del Código Penal, quienes omiten esta obligación pueden enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Esta sanción busca reforzar la importancia de cumplir con el deber legal y moral de sostener económicamente a los hijos.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la omisión de pensión alimenticia constituye el delito de omisión a la asistencia familiar. “No cumplir con la pensión de alimentos configura el delito de omisión a la asistencia familiar, que puede derivar en una pena privativa de libertad de hasta tres años”, señalaron en el programa “Consultorio Legal”, difundido a través de su plataforma digital en TikTok. Estas medidas tienen como finalidad garantizar el bienestar integral de los menores.
El Minjusdh precisa que la pensión de alimentos abarca la cobertura de necesidades básicas como alimentación, salud, educación, vestimenta y recreación. Asimismo, los hijos mayores de dieciocho años pueden continuar recibiendo este apoyo si cumplen con determinadas condiciones. “Cuando los hijos mayores cumplen los dieciocho años, tienen derecho a la pensión si no pueden sustentarse por incapacidad física o mental comprobada, o si cursan estudios técnicos o universitarios hasta los veintiocho años”, detalló un especialista del ministerio.
Respecto al procedimiento para establecer esta obligación, existen dos vías: la conciliación extrajudicial y el proceso judicial. La conciliación extrajudicial es un mecanismo rápido y amigable que permite llegar a un acuerdo sin necesidad de intervención del Poder Judicial. En caso no se logre un consenso entre las partes, el caso debe ser elevado ante un juez de Paz Letrado para que se resuelva judicialmente.
Denuncias contra la presidenta Dina Boluarte
En el marco de sus declaraciones, Juan Enrique Alcántara también abordó el tema de las denuncias constitucionales de la Fiscalía contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. En su valoración, Alcántara sugirió que estas denuncias carecen de fundamento sólido y anticipó que es probable que sean archivadas.
Como se recuerda, la jefa de Estado enfrenta numerosas acusaciones constitucionales, que incluyen presuntos delitos como omisión de funciones, colusión agravada y responsabilidad en muertes durante protestas sociales.
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