La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil organiza este martes una subasta en la que se ofrecen concesiones para explorar y explotar 172 áreas ubicadas en cinco cuencas sedimentarias.
Esta decisión ha generado una intensa controversia debido a la inclusión de 47 bloques situados en una región marina vulnerable próxima a la desembocadura del río Amazonas.
Han sido habilitadas 12 empresas, entre ellas importantes multinacionales, para participar en la subasta que se desarrollará en un hotel de Río de Janeiro.
Otras 31 compañías también se han registrado y tendrían la opción de integrarse en consorcios liderados por las firmas autorizadas, según lo confirmó el organismo regulador.
Las áreas ofertadas se encuentran distribuidas en una cuenca sedimentaria terrestre, Perecis, y en cuatro marinas: Potiguar, Santos, Pelotas y Foz do Amazonas.
La polémica se concentra en los bloques ubicados en la Foz do Amazonas, cerca de la desembocadura del Amazonas. Aunque se trata de bloques marinos en aguas profundas, su proximidad con esta zona despierta alertas.
ONGs ecologistas han manifestado su preocupación, destacando el riesgo que representa un posible derrame de petróleo en una zona calificada como de “extrema sensibilidad socioambiental”.
Allí viven pueblos indígenas y se encuentran ecosistemas frágiles, como manglares, arrecifes de coral y especies amenazadas, entre las que figuran el delfín gris y el manatí.
Ante estos riesgos, la petrolera estatal Petrobras todavía no cuenta con la licencia ambiental para iniciar su primera perforación en una concesión que obtuvo en la zona hace 12 años.
El Gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva respalda los intereses de Petrobras. Sostiene que la explotación de este nuevo frente petrolero resultaría fundamental para reponer las reservas de Brasil y asegurar el financiamiento de la transición energética.
Las organizaciones ecologistas señalan una contradicción, ya que el Ejecutivo, además de autorizar concesiones en un área sensible, defiende planes de descarbonización y se presenta como anfitrión de la próxima Cumbre Climática COP30, que en noviembre se realizará en Belém, ciudad amazónica muy próxima a la zona en cuestión.
La subasta tiene posibilidad de ser cancelada, dado que el Ministerio Público Federal solicitó a la Justicia la suspensión del proceso hasta que “sean cumplidas una serie de medidas previstas en la legislación socioambiental”, con el objetivo de evitar una tragedia ambiental en las áreas próximas a la desembocadura del Amazonas.
El organismo sostiene que la explotación petrolera en esta región vulnerable infringe varias normas legales y compromisos climáticos asumidos por Brasil, además de resultar contraria a los esfuerzos mundiales de descarbonización.
El órgano fiscalizador advirtió que, si la ANP lleva a cabo la subasta sin atender sus recomendaciones, planteará la anulación del concurso y de los contratos correspondientes.
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